René Sánchez Juárez
Donald Trump, en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre una legislación histórica: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Enemies Act).
Esta norma, promulgada hace más de dos siglos, otorga al presidente poderes extraordinarios para detener y deportar a ciudadanos extranjeros en tiempos de guerra o ante una "invasión" extranjera.
Trump la invocó para ejecutar lo que ha descrito como la mayor operación de deportaciones en la historia del país, enfocándose inicialmente en presuntos miembros de bandas criminales venezolanas como el Tren de Aragua de Venezuela. Sin embargo, su uso ha generado controversia y desafíos legales que cuestionan su legitimidad en el contexto actual.
La Ley de Enemigos Extranjeros se aplicó en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y, de manera más infame, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó para internar a miles de personas de origen japonés, alemán e italiano en campos de detención. En su forma actual, permite al presidente actuar sin el debido proceso típico de las leyes migratorias, siempre que declare una guerra o una "invasión o incursión depredadora" por parte de una nación extranjera. Sin tomar en cuenta derechos humanos o procedimentales jurídicos.
Trump ha justificado su invocación alegando que bandas como el Tren de Aragua representan una amenaza equivalente a una invasión, vinculándolas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Críticos, como el Brennan Center for Justice, advierten que este uso es un "abuso asombroso" del poder presidencial, ya que no existe una guerra declarada ni una invasión militar formal, requisitos que la ley parece exigir según expertos legales.
El impacto de esta medida trasciende a los acusados de crímenes. Al eliminar la necesidad de audiencias judiciales, abre la puerta a deportaciones masivas basadas en meras sospechas o nacionalidad, afectando potencialmente a millones de inmigrantes indocumentados. Organizaciones de derechos humanos han condenado la estrategia, argumentando que criminaliza a comunidades enteras y evoca los episodios más oscuros de la historia estadounidense.
Aunque la administración Trump insiste en su autoridad ejecutiva, el futuro de esta aplicación enfrenta obstáculos legales significativos. Un juez federal ya intervino, y el caso podría escalar al Tribunal Supremo. Mientras tanto, la Ley de Enemigos Extranjeros sigue siendo un símbolo de la polarización en torno a la inmigración, entre quienes la ven como una herramienta de seguridad y quienes la consideran una reliquia peligrosa y antidemocrática.
Por ahora fueron delicuentes de origen venezolano y salvadoreño ¿será que en un futuro veamos mexicanos deportados bajo esta figura? “Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar pon las tuyas a remojar”
